Del control del río a la adaptación del territorio
¿Podemos evitar realmente las inundaciones? Probablemente muchas personas desearían que la respuesta fuera sí. Durante décadas hemos actuado como si fuera posible, construyendo presas, encauzando ríos y levantando defensas con la esperanza de mantener el agua bajo control. Sin embargo, la realidad es otra: las inundaciones forman parte del funcionamiento natural de los ríos y seguirán produciéndose, especialmente en un contexto de cambio climático. Asumir esta idea no significa resignarse, sino entender que el reto ya no es evitar que ocurran, sino aprender a convivir con ellas reduciendo sus impactos sobre el territorio.
Durante décadas, la gestión de las inundaciones en el Guadalete —y en muchos otros territorios— se ha centrado en reducir la peligrosidad del río. Mediante las cinco presas de la cuenca hemos desarrollado un sistema robusto en base a grandes y costosas infraestructuras para controlar las crecidas y regular sus caudales o construir defensas contra sus avenidas. Este enfoque, basado en la idea de “proteger para evitar el peligro”, ha permitido en determinados momentos reducir la frecuencia o intensidad de las inundaciones.
Aún hoy seguimos moviéndonos en esa misma inercia, como refleja la propuesta de crear una nueva infraestructura de conexión entre las presas de Bornos y Guadalcacín. Un sector de la población plantea este trasvase como una forma de aprovechar los desembalses de Bornos en momentos de crecida, cuando la presa se encuentra llena, y evitar así las inundaciones en la zona baja. Sin embargo, se trata de un proyecto de enorme coste económico que, en el mejor de los casos, solo retrasaría el problema: cuando el embalse de Guadalcacín esté lleno —como ocurre ahora— el trasvase dejará de ser útil y las inundaciones volverán a producirse.
La experiencia demuestra que intentar evitar el peligro mediante nuevas infraestructuras no ha resuelto el problema de fondo. Las inundaciones siguen produciéndose y, en muchos casos, los daños han aumentado como consecuencia de la creciente ocupación de las zonas inundables. Y aquí va un pequeño adelanto de lo que nos espera: las inundaciones seguirán produciéndose en el futuro y, probablemente, lo harán con mayor intensidad a medida que avance el cambio climático.
En este contexto, progresivamente comienza a abrirse paso un cambio en la forma de entender el riesgo de inundaciones. En vez de intentar controlar el peligro y tener un sistema a prueba de fallos se empiezan a diseñar sistemas —o territorios — preparados para fallar. De esta manera, en vez de intentar minimizar el riesgo controlando el peligro hablamos de preparar el territorio para adaptarse a las inundaciones de forma controlada y con el menor impacto posible. Es lo que se conoce como enfoque safe-to-fail: aceptar la dinámica natural del río y ordenar el territorio para que las inundaciones puedan ocurrir donde causen menos daño.
Desde esta perspectiva, la adaptación, la reducción de la exposición y la disminución de la vulnerabilidad se convierten en los ejes centrales de la gestión de inundaciones.
El PGRI del Guadalete: un buen plan con el desafío de hacerse realidad
Para empezar a hablar de alternativas en la adaptación de las inundaciones, en primer lugar, debemos mirar el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI) de la Cuenca del Guadalete. Se trata un instrumento de planificación que establece cómo prevenir, prepararse y responder ante las inundaciones en la cuenca. Elaborado por la Junta de Andalucía, este plan cartografía y delimita las zonas inundables y las zonas riesgo. A partir de ahí define un conjunto de medidas que abarcan desde la ordenación del territorio y la adaptación de viviendas e infraestructuras, hasta la restauración de ríos, los sistemas de alerta o la gestión de emergencias. Su importancia radica en que ofrece una visión integral del problema —antes, durante y después de las crecidas— y orienta la acción coordinada de administraciones y sociedad para reducir los daños y avanzar hacia territorios más resilientes.
El PGRI contempla un conjunto de 20 medidas de prevención, protección, preparación y recuperación que suponen una inversión próxima a los 81 millones de euros. El grueso de estas inversiones se concentra en actuaciones de protección, especialmente en la restauración hidrológico-forestal de cuencas (31,5 millones de euros), la restauración fluvial (13,4 millones) y las obras de defensa frente a inundaciones (10 millones). Se trata, en conjunto, de un programa ambicioso y bien orientado desde el punto de vista técnico. Sin embargo, echamos en falta una mayor apuesta por la sensibilización, la comunicación y la divulgación de la problemática asociada a las inundaciones, cuestiones que son y serán clave en el actual escenario de cambio climático.
El desarrollo efectivo del plan necesita más recursos económicos y humanos, coordinación y cooperación efectiva entre instituciones y la implicación de los actores del territorio, especialmente el mundo agrario.
Por otro lado, aunque muchas de las medidas son de bajo coste y alta eficacia, su ejecución depende de múltiples administraciones y agentes, lo que introduce dificultades de coordinación. A ello se suma un seguimiento que no siempre se traduce en una evaluación clara del grado de cumplimiento.
El desafío, por tanto, no es redefinir el PGRI, sino avanzar en su aplicación real, reforzando la coordinación y la corresponsabilidad.
Reducir la exposición: decisiones difíciles, soluciones necesarias
Siguiendo la estela que nos marca el PGRI, y en consonancia con lo que ya hemos venido contando en las últimas semanas, creemos que no se trata de hacer frente a las inundaciones del Guadalete si no considerar las mismas como parte del funcionamiento natural de un río que da sentido y explica el propio territorio en la zona rural de Jerez. Como diría Bruce Lee Be water, my friend, —Se agua, amigo mío—.
Pero surge entonces una pregunta inevitable: ¿qué hacemos con todo lo construido y edificado en la zona inundable del río durante el último medio siglo? ¿Cómo se integra en esta dinámica el uso agrícola de la vega fluvial, que forma parte esencial de la economía y del paisaje del Bajo Guadalete? Somos conscientes de la complejidad del problema y, desde luego, no tenemos todas las respuestas. Sin embargo, sobre la base del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación y de instrumentos territoriales como el Plan Especial del Bajo Guadalete, el PGOU de Jerez o la Estrategia de Desarrollo Rural de la Campiña, se abre una oportunidad para repensar el futuro del territorio y darle un nuevo impulso desde una lógica de adaptación y resiliencia. Ahí está, probablemente, la clave de todo: generar consensos, reconocer los distintos intereses en juego y alcanzar acuerdos que permitan avanzar de forma gradual hacia un modelo territorial más seguro y compatible con la dinámica del río.
Por otro lado, no podemos hablar de adaptación sin incorporar a la agricultura. El sector agrario ocupa una posición singular ya que es, al mismo tiempo, uno de los principales damnificados por las avenidas del Guadalete y un actor corresponsable en la transformación del territorio y los usos del suelo… con incidencia directa en las inundaciones. A esta realidad se suma un escenario climático cada vez más exigente, en el que el propio sector será previsiblemente uno de los más afectados por la intensificación de sequías y episodios de inundación. Por ello, la adaptación de los usos productivos no es solo una necesidad, sino también una oportunidad. Ajustar los sistemas agrarios a la inundabilidad —mediante la diversificación de cultivos, la mejora de prácticas de conservación del suelo y la adaptación de calendarios— podría permitir integrar las crecidas dentro del funcionamiento del sistema y reforzar el papel de las vegas como espacios de laminación natural. En este proceso, el sector agrario está llamado a desempeñar un papel clave en la transición hacia un modelo territorial más resiliente y compatible con la dinámica fluvial.
Por último, adaptarnos a las inundaciones forma parte también del proceso de recuperación y restauración del Guadalete, el río que vertebra el territorio de la campiña. Uno de los principales problemas que presenta actualmente el río es la profunda transformación de su cauce y de su bosque de ribera. El cauce ha sufrido un proceso progresivo de colmatación por sedimentos, cuyo origen se encuentra, fundamentalmente, en la aportación masiva de materiales procedentes de las zonas agrícolas de la cuenca. A lo largo de las últimas seis décadas, estos procesos han favorecido la acumulación de sedimentos y el desarrollo desordenado de vegetación, reduciendo la capacidad hidráulica del río y alterando su funcionamiento natural. Restaurar el Guadalete, devolviéndole espacio fluvial y recuperando un bosque de ribera funcional, constituye una medida clave para amortiguar el impacto de las inundaciones y avanzar hacia un territorio más resiliente. No hay territorio sin río ni río sin territorio.
Convivir con el río, una tarea compartida
El Guadalete nos enfrenta, en definitiva, a un cambio de mirada. No se trata de eliminar las inundaciones, sino de reducir sus impactos, y eso pasa por actuar sobre el territorio, no solo sobre el río. Reducir la exposición, disminuir la vulnerabilidad, recuperar espacios fluviales y mejorar la gobernanza son líneas de trabajo complementarias que deben desarrollarse de forma coordinada y sostenida en el tiempo.
Ninguna de estas medidas, por sí sola, resolverá el problema. Pero juntas pueden abrir el camino hacia un modelo territorial más seguro, justo y sostenible, capaz de integrar la dinámica del río como parte de su funcionamiento y no como una amenaza permanente. En este contexto, la clave no está únicamente en las infraestructuras o en la planificación técnica, sino en la capacidad colectiva para generar acuerdos y asumir responsabilidades compartidas.
De ahí surge la necesidad de impulsar una Alianza por el río Guadalete, entendida como un espacio de encuentro entre administraciones, sector agrario, tejido social y ciudadanía. Una alianza que permita construir consensos, compartir conocimiento y orientar las decisiones hacia un modelo territorial compatible con la dinámica fluvial y con los retos que plantea el cambio climático. No se trata solo de gestionar inundaciones, sino de recuperar el sentido del río como eje vertebrador del territorio y como oportunidad para su revitalización ambiental, social y económica.
Porque convivir con el río no es una opción: es una necesidad. Y hacerlo de forma inteligente, solidaria y coordinada será la mejor garantía para el futuro del Guadalete y de quienes habitan su territorio.
